Los miembros de la coalición electoral han firmado un Código Ético que cumplirán todos los cargos con responsabilidad pública. 

“Debemos recuperar la política para ponerla al servicio de la gente y no de intereses privados, por eso rechazamos cualquier privilegio”.

Todos los miembros de la candidatura de Adelante Jerez, la coalición electoral integrada a andalucistas de izquierdas, Podemos e Izquierda Unida, han firmado un Código Ético que cumplirán de forma obligatoria los cargos que tengan una responsabilidad pública.

De esta forma, el Código Ético de la formación -que además de los cargos electos deben suscribir los que ejerzan un cargo de libre designación o el personal contratado- incluye un total de 30 puntos entre los que destacan la limitación de mandatos a dos legislaturas consecutivas, que pudiera prorrogarse solo excepcionalmente a un máximo de doce años; y la limitación salarial, sin que en ningún caso pueda superarse el sueldo más alto que perciba el nivel del grupo funcionarial o laboral para el que estén capacitados en función del título exigido para el ingreso en cada Administración Pública. Del mismo modo, se obliga a no percibir cobro en especie de ningún tipo.

Además, los firmantes deben aceptar la limitación para el desempeño de una sola función pública, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de concejal; y recibir un único salario por las mismas, salvo que sumen menos de la cantidad establecida por el punto anterior.

Los integrantes de Adelante Jerez suscriben que renunciarán a cualquier privilegio de carácter laboral, económico, social, jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representante. Y expresamente rechazarán cualquier tipo de aforamiento procesal.

También deben renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que la Administración Pública pudiese haber contratado, al margen de a los que tengan derecho los empleados públicos; rechazar cualquier beneficio fiscal; acatar la obligación de no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo; y rechazar cualquier obsequio de carácter personal derivado de sus relaciones por el cargo en el partido o institución pública en el que ejerza su función. Cuando esto no sea posible, se pondrá a disposición del patrimonio de la institución a la que represente; y, si tampoco fuera posible, se entregará como donativo a una ONG o similar, en beneficio de la comunidad.

Desde Adelante Jerez se tiene claro que “debemos recuperar la política para ponerla al servicio de la gente y no al servicio de intereses privados, por eso rechazamos los privilegios”. “Lo que emprendemos es un servicio a la sociedad, representada en las instituciones y el gobierno por personas elegidas democráticamente, y por eso este compromiso adquirido implica una actuación honesta, transparente y ejemplar”, recoge el compromiso ético.

El objetivo de este documento suscrito es dejar claro que la política es “un ejercicio de responsabilidad y profesionalidad para con la ciudadanía a la que representamos, procurando siempre buscar el camino para mejorar el estado de bienestar de la sociedad, sus libertades y derechos, así como la defensa de los mismos”.

La aceptación de este Código Ético es un mecanismo de apoyo, supervisión y control de las personas que ocuparán un cargo de responsabilidad pública, que a su vez se comprometen también a impulsar los instrumentos y mecanismos legales necesarios para que estos principios éticos se conviertan en norma obligatoria para todos en la administración municipal.

Además de lo anterior, los miembros de Adelante Jerez asumen el compromiso de total transparencia de sus ingresos por cualquier concepto y la obligación de rendir cuentas públicas y asumir la gestión transparente de su patrimonio, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, tanto a lo largo del ejercicio de su actividad como al final de ella, durante los 3 años siguientes a su salida de la función pública.

También rechazan el transfuguismo, y se comprometen a no conformar gobiernos locales con desertores de otras fuerzas políticas ni apoyar la formación de grupos nuevos en los que participen cargos declarados tránsfugas.

En prevención de las denominadas puertas giratorias, se acatará la imposibilidad (durante un periodo mínimo de tres años después del cargo público) de acceder a responsabilidades como miembro en Consejos de Administración de empresas que actúen en sectores estratégicos o de relevancia económica; ni acceder a cargos de responsabilidad en empresas creadas, reguladas, supervisadas por el Ayuntamiento, o que estén relacionadas directamente con la actividad que haya estado ejerciendo en la institución pública.

Y por supuesto se renunciará de forma inmediata al cargo en caso de imputación y procesamiento por delitos, que en cualquier caso incluirán siempre los relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas. Así como también en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia la pederastia y el maltrato infantil u otros delitos contra los Derechos Humanos o los derechos de las personas trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos.